Porqué decidirse a opositar al cuerpo de Funcionarios con habilitación de carácter nacional (FHCN)

¿Cuántos de nosotros hemos escuchado a alguien quejarse sobre el nivel de corrupción o las actuaciones al margen de la ley que se llevan a cabo? Desde mi perspectiva, los casos más mediáticos suelen darse a nivel estatal o incluso autonómico, pero rara vez a nivel local, donde parece que no existen. Sin embargo, esto está lejos de ser cierto.

Uno de los motivos que me llevó a elegir esta oposición fue precisamente la posibilidad de estar en la primera línea de batalla contra estas irregularidades. En un contexto donde la transparencia y la rendición de cuentas son vitales, los ayuntamientos, al ser el nivel más cercano al ciudadano, también requieren una vigilancia constante. ¿Qué ámbito está más cercano al ciudadano que el local? Desde la licitación de contratos menores hasta la gestión de subvenciones, la administración local está llena de decisiones que impactan directamente en la vida diaria de la comunidad. Y es precisamente en este ámbito donde los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional (FHCN) entran en acción. Lejos de ser meros supervisores, con un profundo conocimiento de la normativa local, cada una de las figuras que integran este cuerpo dispone de una serie de herramientas para defender el interés general, el bienestar ciudadano y la integridad de la función pública.

Al adentrarse en esta profesión, es fundamental estar preparado para no agradar a todo el mundo, ya que la labor implica fiscalizar no solo los actos políticos, sino también las actuaciones de los propios compañeros, abarcando aspectos tan delicados como nóminas, horas extras o contratos menores. No es raro encontrarse con situaciones complejas, donde señalar una irregularidad implica enfrentarse a tensiones internas e incluso externas. A ello se suma que, en muchos casos, estos tres puestos no se encuentran cubiertos por otros FHCN, lo que incrementa la sensación de falta de equipo y de soledad. Esta carga de trabajo y el aislamiento en las decisiones complejas no es tarea fácil.

Pensemos en los contratos menores que a menudo se adjudican de manera directa sin licitación pública o en las subvenciones que no siempre cumplen con los criterios establecidos en la normativa. El FHCN no solo tiene la obligación de detectar estos casos, sino de informar sobre ellos, aunque ello implique contradecir a la dirección política.

Son muchas más las funciones que realiza cada uno de ellos y se encuentran reguladas en el Real Decreto 128/2018, entre otras:

Secretaría: Fe pública y asesoramiento legal preceptivo.

• Preparar los asuntos que hayan de ser incluidos en el orden del día de las sesiones que celebren el Pleno, la Junta de Gobierno y cualquier otro órgano colegiado (...).
• Asistir y levantar acta de las sesiones de los órganos colegiados.
• La emisión de informes previos siempre que un precepto legal o reglamentario así lo establezca.

Intervención: Control interno de la gestión económico-financiera y presupuestaria y función de contabilidad.

• El control de subvenciones y ayudas públicas.
• Emitir los informes y certificados en materia económico-financiera y presupuestaria y su remisión a los órganos que establezca su normativa específica.
• Llevar y desarrollar la contabilidad financiera y la de ejecución del presupuesto de la Entidad Local.

Tesorería: Tesorería, gestión y recaudación.

• La realización de los cobros y los pagos de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente.
• La jefatura e impulso de los servicios de gestión de ingresos y recaudación.
• La formación de los planes, calendarios y presupuestos de Tesorería, distribuyendo en el tiempo las disponibilidades dinerarias de la Entidad para la puntual satisfacción de sus obligaciones.

En conclusión, la labor de los Funcionarios con Habilitación de Carácter Nacional (FHCN) es esencial para garantizar la legalidad y la transparencia en la administración local, un ámbito fundamental por su proximidad al ciudadano. A pesar de la complejidad y la presión inherente a esta profesión, su rol es clave para salvaguardar el interés público, fiscalizando de manera rigurosa tanto las actuaciones de los órganos de gobierno como las de sus propios compañeros. La amplitud de sus funciones, reguladas detalladamente en el Real Decreto 128/2018, refleja la importancia de su trabajo en la defensa de la integridad de nuestras instituciones locales. Aunque no siempre sea reconocido públicamente, nuestra contribución es vital para la preservación de la confianza pública y el correcto funcionamiento del sistema democrático a nivel municipal.

Finalmente, es importante concienciar sobre los difíciles retos del día a día en esta profesión. No hay dos días iguales, y cada expediente o actuación representa una nueva responsabilidad hacia la comunidad. Este, por desgracia, no creo que sea un caso aislado, pero es solo una muestra de cómo trabajamos, en la sombra, para mantener la legalidad y la equidad en nuestras instituciones.

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